Las propuestas confeccionadas en conjunto por el senador de Renovación Nacional (RN) Alberto Espina y por el presidenciable de la Alianza, Sebastián Piñera, serán presentadas por etapas, siendo las primeras oficializadas dentro de los próximos días, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, según explicó el parlamentario.
Entre los aspectos más llamativos de la propuesta, destaca la incorporación de doce mil carabineros en un plazo de cuatro años; la implementación del programa 'Vecino Seguro', que incorporará a la comunidad en labores de prevención; la ampliación de los programas de consumo de drogas, pues -según dijeron- los actuales "son absolutamente insuficientes"; y creación de un programa de prevención de consumo de alcohol, hasta ahora inexistente en el país.
En cuanto a las penas, el parlamentario adelantó la creación de jueces dedicados a fiscalizar su cumplimiento efectivo, debido a que "hoy día cuando una persona es condenada nadie hace un seguimiento de si se cumplió o no la pena (...) los delegados no cumplen sus funciones, están absolutamente sobrepasados".
Asimismo, pretenden establecer el trabajo en beneficio de la comunidad como principal pena alternativa, en reemplazo de la reclusión nocturna, la libertad vigilada y la libertad condicional; e incluir como causal de notable abandono de deberes a ministros de las Cortes de Apelaciones que califican bien a jueces, a quienes se les revoca reiteradamente resoluciones de libertad de delincuentes.
Además, la agenda incluye medidas que miran hacia la rehabilitación del delincuente, como el establecimiento de incentivos tributarios para aquellas empresas que contraten delincuentes condenados para que realicen trabajos desde la cárcel. El producto de este trabajo, se destinaría a la mantención de su familia.
El plan también refuerza la protección a las víctimas de delitos, proporcionándole un abogado por parte del Estado en aquellos casos de mayor connotación social, tales como robos en todas sus categorías, abuso sexual, homicidio y tráfico de drogas, entre otros.
"Hoy día en Chile el delincuente tiene un abogado, que es el defensor público, el Estado tiene un abogado, que es el fiscal, pero la víctima en Chile no tiene abogado. Si una persona es víctima de un delito, el Estado no le proporciona ningún abogado y, sin embargo, se lo proporciona al delincuente", sentenció Espina.
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